Caso: Juan Carlos Contreras Arboláez
El señor Juan Contreras Rodríguez, mediante la escritura notarial No.844 de 21 de diciembre de 2004 hizo una donación de vivienda en favor de su hijo Juan Carlos Contreras Arboláez. Apartamento sito en calle G, Edificio 3, entre 3ra. y 5ta. Reparto José Martí, Santa Clara, Villa Clara. Desde esa fecha hasta el momento Juan Carlos no ha podido ocupar la vivienda, ya que los hijos de la fallecida esposa de su padre, se niegan a salir de ella, a pesar de que la Resolución 1935/06 de la Dirección Municipal de la Vivienda declara el cese de convivencia.
Juan Carlos ha escrito a diferentes niveles del gobierno, incluyendo sus máximas instancias. La respuesta siempre la misma: “tiene la razón”, pero no actúan. Habría que explicar que uno de los ocupantes ilegales de la vivienda, nombrado Manuel Emilio Risquet García es hijo de Emilio Risquet Jova, del Ministerio del Interior y combatiente de la lucha clandestina.
Este litigio, que se mantiene desde el año 2005, ha pasado por ilegalidades tales como que Manuel Emilio y su esposa nombrada Valia Veitía Cano, obtuvieron el carné de identidad, con dirección en esa vivienda, a pesar que lo establecido es que sea el dueño el que autorice a cualquier persona a tener dirección oficial en su propiedad. El propio Juan Carlos denunció esta situación delictiva por parte de los ocupantes ilegales, ya que falsificaron la dirección en hojas de trámite en la Oficina del Carné de Identidad, y la Fiscalía le contestó que los problemas de la vivienda no tienen que ver con las violaciones del Carné de Identidad, por lo tanto es un delito que se ha quedado sin penalizar.
Pero no es lo único que ha sucedido como violación de la ley, sin que quede sancionado. Manuel Emilio amenazó de muerte a Juan Carlos, y éste lo denunció ante las autoridades, en la 5ta Estación de la Policía Nacional Revolucionaria, el 2 de abril del 2009, archivándose el proceso.
También no fue sancionado, cuando lo llevaron a juicio, por el expediente No.115/08, del 8 de febrero de 2008, debido a que Risquet García tuvo problemas dentro del apartamento y lesionó al papá de Juan Carlos, una persona con más de 70 años de edad, que estuvo bajo tratamiento médico.
Además de estas impunidades, cuando la Dirección Municipal de la Vivienda dictó la Resolución a favor de Juan Carlos Contreras Arboláez, tenía que haber declarado a estos señores ocupantes ilegales, y no decretar un cese de convivencia como se hizo, debido a que los mismos no tenían la dirección de la casa en litigio y aún más, conociendo que se cometió un delito en las Oficinas del Carné de Identidad. Esto tuvo como objetivo que permanecieran en la casa en disputa, bajo un embargo de salario que consistía en un descuento del 30% y en caso de que no abandonasen durante 3 meses, éste aumentaría a un 50%, si ellos no trabajan la ley no puede hacer más nada y a pesar de haber declarado que le asiste el derecho a Juan Carlos y su pretensión es con lugar; en cumplimiento de la propia ley y de forma escrita el jefe de Atención a la Población de la Dirección Provincial de la Vivienda de Villa Clara, nombrado Lic. Noel Martínez Rodríguez, le comunicó al demandante que se llevan a cabo procedimientos y se actúa acorde a las facultades conferidas, las que indican que no existe límite para la ocupación ilegal. Esto significa que la Ley General de la Vivienda se quedó corta para solucionar este tipo de problemas, que traducido en hechos reales, implica que el dueño de la casa no tiene derecho a que en ella vivan quienes él estima conveniente.
Cuando este caso sea “colgado” en Internet, seguramente la Seguridad del Estado, como ha acostumbrado hasta ahora, con los conflictos que se han divulgado, visitará a Juan Carlos, ya que es la promotora del trabajo “más sucio” que hace el gobierno; y después de chantajes y amenazas por haber acudido a la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, todo quedará igual, las ilegalidades se mantendrán y la impunidad de los que las cometen seguirá siendo la misma. La experiencia nos ha enseñado que no hay voluntad de solución de los conflictos en la sociedad civil.
La Habana, 20 de setiembre de 2011.