Por: Jorge Bello Domínguez
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Ariel Fernández González, un hombre de 44 años de edad, natural de Güira de Melena, provincia Artemisa, con domicilio en la calle 96 # 8912 entre 89 y 91, está siendo víctima de acoso policial; ha sido amenazado con encarcelarlo bajo un expediente de conducta pre-delictiva(peligrosidad social) por el Jefe de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria) y el Jefe de Sector de su localidad, conocido por el alias de: “El Pinareño”.
Con el fin de presentar la queja, ha acudido a varias instancias gubernamentales como: Fiscalía Municipal y Atención a la Ciudadanía del MININT (Ministerio del Interior) y en cada una de estos lugares, solo ha recibido el maltrato y la indiferencia de sus funcionarios.
Ariel plantea que no entiende que a una persona trabajadora, que posee dos empleos, no ingiere bebidas alcohólicas y se dedique solo a sostener a su familia, le quieran aplicar la peligrosidad social.
Él reconoce que en su adolescencia tuvo problemas con la justicia, que apenas con 16 años se vio envuelto en un delito de hurto y sacrificio de ganado mayor, por su falta de experiencia en la viday la situación económica tan desfavorable en que subsistía en ese momento; pero una vez cumplida su sentencia dejó ese capítulo atrás.
También plantea que estuvo involucrado con una organización disidente, el Movimiento Cristiano Liberación, cuando recogieron las firmas para el Proyecto Varela, pero ahora -aunque sigue disintiendo- está dedicado –por completo- a la crianza de su hijo de tres años.
Este hombre trabaja en este momento como dependiente en la Cafetería La Daria, y en su tiempo libre tiene licencia de cuentapropista, para conducir un bicitaxi, se lleva bien con los vecinos en la zona donde vive y es un padre dedicado.
No hay algo que coincida con lo que está establecido para que se considere estado peligroso en una persona, incluyendo que Ariel tenga alguna proclividad para cometer delitos.
De cumplir su promesa estos policías, Ariel sería uno más de los miles de personas, que han cumplido sanción en cárceles junto a presos comunes, por un delito que no ha perpetrado.
Artemisa, 13 de octubre de 2015.