Por: Tania de la Torre Montesinos
Red Cubana de Comunicadores Comunitarios
Zoe Madelaine Sosa Scull lleva seis años y ocho meses en un litigio para que le devuelvan un terreno de su propiedad, ubicado en la parcela no.14, manzana 53, reparto Poey, en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana; así como que se demuela la construcción ilegal realizada allí por el ciudadano Alcides Almeida Rodríguez, que no tiene residencia en la capital, ya que su carné de identidad es de Santa Cruz del Sur, en Camagüey.
Zoe se ha dirigido a las más altas instancias del Gobierno y el Partido Comunista, incluyendo al entonces presidente Fidel Castro Ruz y todas las respuestas consistieron en evasivas donde se indicaba que sus denuncias se trasladaron a los niveles inferiores.
Aunque la resolución No.684 de 2010, de la Dirección Municipal de la Vivienda reconoció su derecho a la demolición de lo construido ilegalmente por Alcides, éste logró que el Tribunal Provincial de La Habana la revocara a pesar de tener Zoe todos sus documentos en orden.
Una muestra de las influencias del señor Alcides es que el 14 de julio de 2012, en menos de 12 horas, fue capaz de determinar el nombre y el centro de trabajo del chofer que condujo a una comunicadora comunitaria a tomar fotos de la vivienda, con solo conocer la chapa del vehículo, algo que solo está al alcance de funcionarios del Ministerio del Interior.
Durante esos largos años se han expedido unos 40 documentos sin solución a la demanda.
A esto no se le pueda llamar incapacidad, ni mal funcionamiento o negligencia; hay que explicar claramente que Zoe solo es una de las víctimas de la corrupción que crece en el país.
La Habana, 22 de noviembre de 2012.