No recuerdo, desde 2003, una ola represiva tan grande como la que se puede constatar en estos momentos en Cuba
Raúl Castro Ruz (C), a su lado José Ramón Machado Ventura (CI), el Comandante Ramiro Valdez Menéndez (I), el ministro del Interior Julio Cesar Gandarilla Bermejo (CD), Álvaro López Miera, Viceministro de las FAR(D), en La Habana, el 6 de junio de 2016 (ACN)
LA HABANA, Cuba.- No recuerdo, después de que en marzo del año 2003 el régimen castrista detuviera y juzgara a 75 disidentes, una ola represiva tan grande como la que se puede constatar en estos momentos en Cuba. He oído algunas opiniones de opositores que realizan variados análisis sobre lo que sucede en el país.
Hay quien dice que el régimen ha entrado en pánico, porque teme que los que disienten contagien al resto del pueblo, basados en la difícil e irreversible situación política, social y económica que vivimos los cubanos; otros plantean que el Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, nuevo ministro del Interior, ha prometido acabar con la oposición antes que Raúl Castro termine con sus cargos de presidente del Consejo de Estado y de Ministros.
Incluso he oído que es debido a un relajamiento en la línea de mando, traducido en que nadie hace caso; y hasta hay quien lo relaciona con Trump.
Cualquiera que sea el motivo, hemos vivido un inicio de año con una gran ofensiva contra los opositores, que incluye, entre otros aspectos, juicios rápidos, violaciones muy chapuceras de las propias leyes que ha hecho el régimen y también un alto nivel de falta de profesionalidad por parte de oficiales de la Seguridad del Estado, lo que antes era más común ver en la Policía Nacional Revolucionaria (PNR); incluyendo el robo “descarado” a los que apresan.
El contacto con algunas organizaciones disidentes ha hecho posible tener una visión de todo lo antes relatado; pero quisiera poner solo algunos de los ejemplos más recientes —que son una mínima parte de lo que está sucediendo, sin querer subestimar lo que ha pasado a otras personas y organizaciones—.
Comienzo el relato con la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. El doctor Santiago Márquez Frías y su esposa Tania de la Torre Montesinos, residentes en Manzanillo, Granma, se dirigían el pasado 7 de marzo hacia La Habana, cuando fueron interceptados en la provincia de Las Tunas y conducidos a la 3ra. Unidad Policial de esa localidad. Allí fueron insultados, tachados de mercenarios, asalariados del imperio, etc., y sin ningún documento ni explicación la policía los despojó de 400 pesos. Los acarrearon al límite entre esa provincia y Granma, desde donde los trasladaron en un vehículo de la Patrulla de Camino hasta un lugar de campo, conocido como El Remate; y de allí hasta la Delegación Provincial del MININT (Ministerio del Interior) fueron en una perseguidora acompañada de 3 autos más. En la sede policial se encontraban varios oficiales de la Seguridad del Estado del municipio de Manzanillo y la provincia Granma. Entre ellos, uno que se hacía llamar Marlon, que les dijo que no iban a viajar a La Habana hasta que a él no le diera la gana.
Tres miembros de la redacción de la Revista Convivencia de Pinar del Río, fueron citados a sendas dependencias del Ministerio del Interior el 7 de marzo. Ellos son: Dagoberto Valdés, Karina Gálvez y Yoandy Izquierdo; a la sede de la Seguridad del Estado (DSE) los dos primeros y a la Dirección de Inmigración el último. El objetivo fue someterlos a sesiones de hostigamiento por la visita que hicieron el pasado mes de enero a Miami, en la cual estuvieron en una actividad cultural en la Universidad de La Florida. Yoandy fue el primero en ser indagado por un mayor de la policía política —que nada tiene que ver con el lugar donde fue requerido—. Al acompañar con posterioridad a Dagoberto y Karina al DSE, fue conducido a un local e interrogado por segunda vez, aunque ni siquiera había sido convocado.
A tres miembros de la organización Asociación Sindical Independiente de Cuba que dirige Iván Hernández Carrillo (Grupo de los 75), les han restringido también la posibilidad de libre movimiento y no les permiten salir de su provincia. Son ellos Liván Monteagudo, de Las Tunas; Lázaro Ricardo Pérez García, de la Isla de la Juventud y Carlos Reyes, de Cruces, provincia de Cienfuegos, al que ni siquiera permiten salir del municipio. De igual forma al activista de ese grupo, Raúl Serguera Borrel, estando ya en el aeropuerto José Martí, no le permitieron salir al extranjero con el fin de asistir a un curso en la Universidad de los Trabajadores de América Latina.
La joven Yohanna Columbié, de Somos Más, no pudo viajar a México el pasado 6 de marzo, con el propósito de adquirir conocimientos sobre las elecciones. Ella fue interceptada en el auto que se dirigía al aeropuerto y cuando la soltaron, ya había perdido el vuelo.
Los cubanos que trabajan en la línea aérea Copa Airlines le dijeron a Marta Adela Tamayo González, en la mañana del 8 de marzo, que la visa múltiple que tiene para entrar en los Estados Unidos de América no le servía para viajar a Tegucigalpa; a pesar de que había indagado en la Embajada hondureña en Cuba y le habían dicho que sí. Estaba invitada por el Centro para las Aperturas Electorales (CAPEL), con el fin de recibir capacitación en el tema.
También el 8 de marzo fueron “allanadas y saqueadas” las casas de seis opositores que militan en la UNPACU (Unión Patriótica de Cuba), cinco de ellas en Santiago de Cuba y una en Palma Soriano. Arrestaron a 16 activistas, entre los cuales estuvo su presidente José Daniel Ferrer. Para que se tenga solo una idea de lo vandálico de estos actos, les requisaron hasta la comida.
No obstante, cuando de represión se habla, no se puede dejar de citar a las Damas de Blanco, que domingo tras domingo son arrestadas y maltratadas, tanto por la policía política como por la PNR (Policía Nacional Revolucionaria). Les ponen elevadas multas por cualquier motivo, pero los pretextos más usados son las acusaciones de desacato, atentado y desorden público. Les roban el dinero cuando son detenidas; solo 3 semanas atrás en la puerta de la sede de la organización, en la barriada habanera de Lawton, le quitaron a Lismeirys Quintana Ávila la cantidad de 776 CUC, sin hacerle siquiera un documento de incautación.
Pero el colmo de la falta de profesionalidad y de hombría lo tiene el oficial se la Seguridad del Estado que se hace llamar Luisito; pero que su verdadero nombre es Ariel Arnau Grillé. El pasado 25 de febrero, alrededor de las 10 de la noche, frente al centro donde se reúnen las Damas, este hombre, que dicen es jefe de una sección de la Dirección 21 (Enfrentamiento a la Contrarrevolución), a gritos ofendía a las féminas, diciéndoles que eran unas ratas. En particular a Berta Soler le daba alaridos y le pronosticaba la muerte a ella y a las demás, e incluso llegó a ofender a sus madres. Los vecinos del lugar fueron testigos de este desagradable hecho. Difícil de calificar, pues se puede pensar incluso que el “oficial” estuviera bajo efectos de bebidas alcohólicas o drogas. Aunque no descarto la posibilidad de que haya sido por alguno de los motivos mencionados al inicio de este artículo: por el temor al contagio del pueblo o porque se haya roto la cadena de mando dentro de las fuerzas represivas del régimen y cada cual hace lo que estime pertinente.
Estos son apenas algunos ejemplos de lo sucedido en las últimas fechas, pudiéramos llenar páginas y páginas con lo que, de forma desafortunada, ha sucedido con los opositores desde principios de año. Pero más doloroso aún es el hecho de que no cabría en 1000 terabytes de información digitalizada lo que sufre el pueblo cubano por los abusos de la dictadura.